El PSOE exige aplicar la tasa turística en Benidorm para evitar que los vecinos paguen la sentencia de Serra Gelada
Cristina Escoda denuncia que el acuerdo aprobado por el PP supondrá una “hipoteca” de 47 años y un coste total de 569 millones de euros
Benidorm, 17 de marzo de 2026. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm ha reclamado este martes la aplicación inmediata de la tasa turística para evitar que los vecinos asuman el impacto económico de la sentencia de Serra Gelada, cuyo acuerdo de ejecución fue aprobado en un pleno extraordinario con los votos del Partido Popular.
La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha defendido que la medida permitiría que los visitantes contribuyan a sufragar el coste derivado del litigio urbanístico y evitar que recaiga exclusivamente sobre los ciudadanos. Según ha denunciado, la gestión del alcalde Toni Pérez ha provocado “la mayor condena económica de la historia de un municipio en España”.
Petición a la Generalitat para implantar la tasa turística
Durante su intervención en el pleno, Escoda instó al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y al gobierno autonómico a reabrir el debate sobre la tasa turística para aplicarla en la ciudad.
“La Generalitat no ha aportado hasta ahora ninguna solución más allá de buenas palabras. La tasa turística permitiría que no sean nuestros hijos, nietos y biznietos quienes paguen la nefasta gestión del alcalde”, afirmó la portavoz socialista.
Escoda incluso propuso trasladarse a Valencia para abordar esta cuestión con el Consell de manera inmediata, considerando que se trata de “una cuestión vital para el futuro financiero de Benidorm”.
Un acuerdo que costará 569 millones en 47 años
El PSOE considera que el acuerdo aprobado en el pleno no resuelve el problema, sino que únicamente aplaza sus consecuencias económicas.
Según las estimaciones del grupo socialista, el pacto aprobado por el gobierno local del Partido Popular supondrá una hipoteca financiera de 47 años para el Ayuntamiento y un coste total cercano a 569 millones de euros.
“La sentencia original obligaba a pagar 350 millones de euros por los convenios urbanísticos de 2003 aprobados únicamente con el voto favorable del PP y del propio Toni Pérez”, recordó Escoda.
Los socialistas sostienen que el actual alcalde pasó de defender esos convenios cuando era concejal a dejar de cumplirlos tras llegar a la alcaldía en 2015, lo que desembocó en el litigio judicial relacionado con el desarrollo urbanístico en el entorno del Parque Natural de Serra Gelada.
Críticas al comité técnico creado por el Ayuntamiento
Durante el debate, la portavoz socialista también cuestionó el funcionamiento del comité técnico multidisciplinar anunciado por el gobierno local para estudiar el acuerdo con los propietarios de los terrenos del APR7.
Según Escoda, dicho órgano “no se ha reunido ni una sola vez”, pese a que el alcalde había destacado públicamente su papel en el proceso.
“Se ha vendido una realidad que no existe y es una falta de respeto tanto a los profesionales municipales como a la ciudadanía”, afirmó.
Dudas sobre los terrenos ofrecidos para pagar la deuda
El PSOE también ha criticado la ausencia de informes del área de Urbanismo que detallen la disponibilidad de los suelos municipales ofrecidos como pago en especie para amortizar parte de los intereses de la sentencia.
Escoda considera que el Ayuntamiento está planteando esta fórmula “sin saber realmente de qué terrenos dispone ni cuáles podrá utilizar”, lo que a su juicio refleja una gestión “poco seria para afrontar una sentencia que condicionará al municipio durante décadas”.
El PSOE acusa al alcalde de incumplir su promesa fiscal
Finalmente, la portavoz socialista recordó que el alcalde prometió durante la campaña electoral de 2023 que no subiría impuestos.
Sin embargo, según denunció, tras las elecciones el Ayuntamiento aprobó un incremento del 23% en el IBI y del 72% en la tasa de basura.
Por ello, el grupo socialista insiste en que la tasa turística en Benidorm sería la única fórmula para que los visitantes contribuyan a compensar el impacto económico de la sentencia sin aumentar la presión fiscal sobre los residentes.
