El SUP denuncia el “estado crítico” de la comisaría de Benidorm y reclama soluciones urgentes al Ministerio del Interior
Benidorm, 31 de marzo de 2026 — El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado públicamente la situación “insostenible” que, según afirma, padecen desde hace años los agentes destinados en la comisaría de la Policía Nacional de Benidorm, en la comarca de la Marina Baixa.
El edificio, inaugurado en 1978, nunca ha sido objeto de una reforma integral y presenta, según el sindicato, graves deficiencias estructurales, operativas y de seguridad.
El anuncio de Fernando Grande-Marlaska,
El comunicado del SUP llega tras el reciente anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre una futura reforma de las instalaciones. Desde el sindicato consideran que este proyecto acumula “más de dos décadas de retraso” y advierten de que la situación actual afecta tanto a las condiciones laborales de los agentes como a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía en Benidorm y el conjunto de la Marina Baixa.
Deficiencias estructurales y deterioro del edificio
Según el SUP, la comisaría arrastra problemas graves derivados del envejecimiento de sus infraestructuras. Entre ellos destacan una instalación eléctrica obsoleta, sistemas de climatización sin mantenimiento adecuado y filtraciones de agua que afectan a varias plantas del inmueble.
El sindicato también señala que los espacios disponibles no se ajustan a la normativa vigente, lo que se traduce en oficinas saturadas, falta de privacidad en la atención al ciudadano y vestuarios insuficientes para la plantilla. Estas condiciones, sostienen, dificultan el normal desarrollo de la actividad policial en una ciudad con alta presión turística como Benidorm.
Impacto en la operatividad policial
A nivel operativo, el SUP alerta de carencias que, a su juicio, comprometen la seguridad y la eficacia del trabajo policial. Entre ellas, la falta de espacios adecuados para la custodia de detenidos y el almacenamiento de sustancias estupefacientes incautadas, lo que podría afectar a la cadena de custodia.
Asimismo, denuncian la ausencia de infraestructura para la recarga de vehículos híbridos de la flota policial, lo que obliga a recurrir a soluciones provisionales. A esto se suma el cierre de la galería de tiro por incumplir la normativa, circunstancia que obliga a los agentes a desplazarse fuera de Benidorm para realizar sus prácticas obligatorias.
Problemas de accesibilidad y seguridad
El sindicato también pone el foco en la accesibilidad del edificio, que califica de “claramente deficiente”, con adaptaciones improvisadas para personas con movilidad reducida que no cumplen la normativa vigente.
En materia de seguridad interna, el SUP advierte de situaciones en las que un solo agente debe asumir múltiples funciones simultáneamente, lo que incrementa el riesgo tanto para los profesionales como para los ciudadanos.
Falta de mantenimiento y gestión de incidencias
Otro de los aspectos denunciados es el sistema de mantenimiento, que, según el SUP, presenta importantes carencias. Incidencias registradas durante meses —incluyendo averías básicas— permanecen sin resolver debido a bloqueos administrativos, falta de presupuesto y deficiencias en la gestión de contratos.
Esta acumulación de problemas, subrayan, está acelerando el deterioro de unas instalaciones ya de por sí obsoletas.
Exigen plazos concretos y medidas inmediatas
Desde el Sindicato Unificado de Policía insisten en que la situación no es puntual, sino consecuencia de “años de abandono institucional”. Por ello, reclaman que la reforma anunciada por el Ministerio del Interior se concrete en plazos definidos y cuente con financiación suficiente.
Además, exigen la adopción de medidas urgentes mientras se ejecuta el proyecto, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los agentes y un servicio adecuado para los ciudadanos de Benidorm y la Marina Baixa.
El SUP concluye que la seguridad pública “no puede sostenerse sobre instalaciones obsoletas” ni depender exclusivamente de la profesionalidad de unos agentes que continúan desempeñando su labor en condiciones que califican de inaceptables.
