LA UNIÓ exige a Aldi y Lidl retirar sus ofertas de naranjas a 0,95 euros y pide investigar los precios pagados al agricultor
La organización agraria reclama inspecciones urgentes a la AICA y a la Conselleria de Agricultura para comprobar quién asume los descuentos y si se respeta la Ley de la Cadena Alimentaria.
Las promociones de naranjas a 0,95 euros el kilo anunciadas por Aldi y Lidl han provocado la reacción de LA UNIÓ Llauradora, que exige a ambas cadenas de supermercados que retiren sus ofertas y reclama una investigación urgente sobre las condiciones económicas en las que se ha comprado la fruta a los productores.
La organización agraria ha presentado una solicitud formal ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y la Conselleria de Agricultura para que inspeccionen las operaciones comerciales vinculadas a estas promociones. El objetivo es determinar cuánto han cobrado realmente los agricultores, quién financia las rebajas y si se están respetando los costes de producción en los distintos eslabones de la cadena alimentaria.
Las dos cadenas comercializan naranjas de origen español a un precio anunciado de 0,95 euros por kilogramo. En el caso de Aldi, se trata de naranjas Navelina de categoría I, en envases de cuatro kilos, con un descuento del 21%. Lidl, por su parte, ofrece naranjas de categoría I en mallas de dos kilos, con una rebaja del 36%.

Para LA UNIÓ, estas campañas comerciales pueden contribuir a depreciar el valor de los cítricos y ejercer una presión adicional sobre los precios que reciben los agricultores, especialmente en un contexto en el que los costes de producción y recolección siguen condicionando la rentabilidad de las explotaciones.
LA UNIÓ pide conocer quién paga los descuentos de los supermercados
El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha reclamado explicaciones a las dos cadenas de distribución y ha advertido de las consecuencias que estas promociones pueden tener para el sector citrícola.
«Aldi y Lidl deben explicar quién paga estas rebajas. Detrás de cada kilo de naranjas hay meses de trabajo, inversiones y gastos que el agricultor tiene que afrontar. El campo no puede convertirse en la variable de ajuste de las campañas comerciales de dos grandes cadenas», ha señalado Peris.

La organización considera necesario reconstruir documentalmente la formación del precio desde la explotación agrícola hasta el establecimiento comercial. Para ello, solicita que las inspecciones analicen los contratos de compraventa, las facturas, las liquidaciones y los justificantes de pago, además de las aportaciones promocionales, los descuentos posteriores y cualquier otra condición comercial que pueda reducir el importe finalmente percibido por los proveedores.
La investigación también debería comprobar si las condiciones económicas de las promociones se trasladan hacia los primeros eslabones de la cadena y si existen prácticas contrarias a la normativa alimentaria.
Los costes de producir naranjas superan las referencias de hace seis años
LA UNIÓ recuerda que los costes de producción de los cítricos son muy superiores a lo que puede sugerir el precio de venta anunciado en los folletos comerciales.
Según las referencias del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) correspondientes a la campaña 2019/20, producir naranjas en la Comunitat Valenciana suponía un coste de 6.004 euros por hectárea sin incluir la recolección y de 8.935 euros por hectárea cuando se incorporaba esta operación.
Estas cantidades tampoco contemplaban conceptos como la renta de la tierra, los seguros agrarios o los intereses de los capitales propios. Aplicando la actualización del IPC general, LA UNIÓ estima que los costes se situarían aproximadamente en 7.690 euros por hectárea sin recolección y 11.440 euros con ella.
A estos gastos hay que sumar los costes posteriores de transporte, selección, manipulación, envasado y distribución, además de las posibles mermas que se producen durante el proceso comercial.
Por este motivo, la organización reclama que la Administración compruebe si el precio abonado al agricultor cubre los costes efectivos de producción y si se respeta la legislación vigente en cada operación.
Reclaman controles de oficio y posibles sanciones
LA UNIÓ recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria establece obligaciones para evitar que los operadores trasladan hacia atrás el riesgo empresarial y exige respetar los costes de producción del operador anterior en las relaciones comerciales.
La organización considera que estas obligaciones deben comprobarse también en las promociones de los supermercados, incluidas aquellas vinculadas a aplicaciones móviles, tarjetas o programas de fidelización.
Además de las inspecciones solicitadas, reclama al Ministerio de Agricultura y a la Generalitat Valenciana que elaboren estudios periódicos y actualizados sobre los costes de producción, diferenciados por variedades y sistemas productivos. Estos datos permitirían mejorar la capacidad de vigilancia de las administraciones y detectar posibles operaciones que destruyan valor dentro de la cadena alimentaria.
La organización agraria también considera insuficiente un modelo de vigilancia que dependa exclusivamente de las denuncias individuales de los agricultores, que en ocasiones pueden evitar reclamar por temor a perder compradores o relaciones comerciales.
Por ello, pide que se establezcan controles de oficio sobre las grandes promociones de productos agrícolas y que las investigaciones alcancen a todos los operadores implicados, desde las cadenas de distribución hasta las explotaciones de origen.
«Destacar el origen España en un folleto debe ir acompañado de unas condiciones de compra que permitan seguir produciendo aquí. El compromiso con nuestros agricultores se demuestra con los precios que se les pagan», ha afirmado Peris.
El secretario general de LA UNIÓ ha insistido en la necesidad de una respuesta rápida de las administraciones: «Los folletos están a la vista de todo el mundo. La Administración debe actuar con rapidez, seguir la trazabilidad de las operaciones y comprobar cuánto ha cobrado quien ha cultivado esas naranjas. Si se detectan infracciones, debe haber sanciones disuasorias».
La organización reclama así que las ofertas de naranjas a 0,95 euros el kilo no se queden únicamente en una polémica comercial y den lugar a una comprobación efectiva de las condiciones de compra y de los precios percibidos por los agricultores.


















