La Guardia Civil de Alicante, en la colaboración prestada a la vigilancia y seguridad de las instalaciones penitenciarias de la provincia, ha inspeccionado en la última semana las visitas y envíos realizados a internos de Villena y Foncalent, detectando varios intentos de introducir hachís, por parte de familiares.
Anty, un can detector de sustancias estupefacientes del Servicio Cinológico de la Comandancia de Alicante colaboró para la detección de dos mujeres que intentaban introducir sustancias estupefacientes
En el transcurso de uno de los servicios preventivos que realiza la Guardia Civil, en colaboración con Instituciones Penitenciarias, para la seguridad de las instalaciones y de los internos, el pasado día 7, en el Centro Penitenciario de Villena, Anty, un can detector de sustancias estupefacientes del Servicio Cinológico de la Comandancia de Alicante colaboró para la detección de dos mujeres que intentaban introducir sustancias estupefacientes, aprovechando la visita a sendos reclusos.
Al realizar la primera identificación a la entrada a la prisión, Anty le marcó a su guía el vehículo en el que viajaba una mujer. Al realizar un cacheo exhaustivo a la conductora, los agentes hallaron oculta entre sus efectos personales una bellota de hachís de 17 gramos. En un segundo vehículo, Anty detectó nuevamente la presencia de drogas. En esta ocasión, los agentes comprobaron que portaba una bellota de 10 gramos de hachís así como 38 pastillas, según afirmó la presunta autora, se trataba de un medicamento para trastornos de tipo psiquiátrico, si bien no aportaba prescripción facultativa alguna.
Inspecciones en Foncalent
Posteriormente, el día 10 de abril, en otra inspección realizada en Foncalent a los paquetes enviados por los internos, Anty marcó uno de ellos. Al abrirlo los agentes hallaron unos pantalones vaqueros, y oculto en el forro interior de la cintura, tres láminas de hachís de 3 gramos cada una.
La introducción de sustancias estupefacientes en un centro penitenciario supone al responsable la presunta autoría de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las diligencias instruidas son puestas a disposición de los Juzgados competentes en cada caso. Las sustancias han sido intervenidas y enviadas a Sanidad para su análisis.