La concejala de Educación, Vicenta Pérez, ha presidido reunión informativa sobre Absentismo Escolar reunida en Altea con el objetivo de avanzar en la aplicación del nuevo Protocolo de Lucha contra el Absentismo Escolar de la Conselleria, que establece cambios y sistemas de coordinación entre la administración autonómica, los propios centros educativos y el Ayuntamiento.
Pérez indicó que “el compromiso absoluto del Ayuntamiento de Altea contra el absentismo, porque se trata de un fenómeno que merma las capacidades de nuestros menores, multiplica para ellos el riesgo de exclusión social, dificulta la inserción social y laboral, condicionando su futuro”.

Por ello, se han reunido las inspectoras de la Conselleria de Educación, las técnicas de la Concejalía, la dirección de los centros docentes además de los responsables de Policía Local encargado de este tema.

“Un primer contacto de aplicar este nuevo Protocolo que mejora los sistemas de coordinación entre los diferentes centros docentes y administraciones para proteger mejor a los menores”

El Protocolo, según ha explicado la concejala de Educación, crea mejores sistemas que van más allá de la intervención cuando se produce la ausencia injustificada y sostenida en el tiempo de algún menor de su centro escolar. El nuevo modelo de actuación de la Conselleria también centra su atención en materia de prevención y evaluación, además de los modelos de actuación en cada una de las fases”.

Asegurar el derecho a la Educación
Entre las novedades que introduce el Protocolo está la creación de niveles de riesgo. Se establecen tres en función del porcentaje de ausencias sin justificar de los menores y los sistemas de respuesta conjunta que Conselleria, centro escolar y Ayuntamiento debe realizar.
Vicenta Pérez agradeció “la labor y el compromiso de los centros docentes de la localidad, de los trabajadores municipales de Educación, Servicios Sociales y de Policía Local en esta tarea, que es una prioridad porque en un sistema social justo como el nuestro, todo niño o niña debe tener asegurado su derecho – y su obligación – a estudiar y formarse”.