LA UNIÓ reclama a la Generalitat un plan urgente contra las parcelas abandonadas por su impacto fitosanitario y ambiental
La organización agraria alerta del aumento de plagas, riesgo de incendios y costes para explotaciones profesionales por el abandono de tierras agrícolas en la Comunitat Valenciana
València, 27 de mayo de 2026.- LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha reclamado a la Generalitat Valenciana la puesta en marcha urgente de un Plan Valenciano de Actuación frente a parcelas agrarias abandonadas, infrautilizadas o sin mantenimiento adecuado, al considerar que generan importantes riesgos fitosanitarios, ambientales y territoriales.
La organización agraria ha trasladado esta propuesta tanto a la Conselleria de Agricultura como a la de Medio Ambiente, con el objetivo de frenar las consecuencias negativas derivadas del abandono de tierras agrícolas en diferentes zonas de la Comunitat Valenciana.
Según denuncia LA UNIÓ, estas parcelas provocan externalidades negativas sobre explotaciones agrarias profesionales y sobre el interés general, favoreciendo la proliferación de plagas y enfermedades vegetales, la expansión de malas hierbas y especies invasoras, el incremento de costes de producción para agricultores colindantes y una menor eficacia de las estrategias colectivas de control fitosanitario.
Además, advierte del aumento del riesgo de incendios, especialmente en áreas de interfaz agrícola-forestal, donde la falta de mantenimiento de terrenos agrarios incrementa la acumulación de vegetación seca y combustible.
Un problema estructural en el campo valenciano
La propuesta presentada por LA UNIÓ pone de relieve que la Comunitat Valenciana arrastra desde hace años un proceso continuado de regresión de la actividad agraria en determinados cultivos y territorios.
Entre las principales causas señala la baja rentabilidad de las explotaciones, el envejecimiento de los titulares, la ausencia de relevo generacional y la fragmentación parcelaria.
No obstante, la organización agraria centra especialmente la atención en aquellas parcelas cuyo abandono genera afecciones directas sobre terceros, deteriora la sanidad vegetal y compromete la sostenibilidad del territorio.
Base legal para actuar
LA UNIÓ recuerda que existe suficiente respaldo jurídico para que la administración autonómica intervenga ante situaciones objetivas de riesgo fitosanitario o degradación ambiental.
En este sentido, cita el Reglamento Europeo de Sanidad Vegetal, la Ley estatal de Sanidad Vegetal y la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana, entre otras normativas vigentes.
La organización considera necesario superar el actual modelo reactivo, basado principalmente en denuncias particulares, y avanzar hacia un sistema preventivo y coordinado apoyado en herramientas tecnológicas de monitorización territorial, teledetección, SIGPAC y sistemas de información geográfica.
Protocolo autonómico y detección temprana
Entre las medidas propuestas destaca la elaboración de un protocolo autonómico específico con criterios homogéneos para identificar y gestionar situaciones de riesgo fitosanitario, proliferación de vegetación invasora, riesgo de incendio o degradación funcional del suelo agrario.
Asimismo, LA UNIÓ solicita la creación de un mecanismo estable de detección temprana y actuación preventiva basada en riesgo objetivo, que permita anticiparse a los problemas antes de que los daños se propaguen.
La propuesta también incluye:
- Creación de un canal simplificado de comunicación de incidencias.
- Protocolos formales de coordinación entre Generalitat y ayuntamientos.
- Actuaciones inspectoras prioritarias.
- Mecanismos de ejecución subsidiaria ante incumplimientos.
- Impulso efectivo de bancos de tierras, cesión voluntaria y arrendamientos agrarios.
- Fórmulas de gestión agrupada de parcelas.
Grupo técnico estable de seguimiento
LA UNIÓ plantea además la constitución de un grupo técnico estable de seguimiento con participación de la administración autonómica, entidades locales y organizaciones profesionales agrarias representativas.
La organización considera que esta problemática ya no puede abordarse únicamente como una cuestión privada vinculada a la titularidad de las parcelas, sino como un asunto de interés público relacionado con la sanidad vegetal, la prevención de incendios, la seguridad territorial y la protección de la actividad agraria profesional valenciana.
