El Registro Civil castellaniza el apellido catalán de un bebé en Barcelona y el caso acaba en los tribunales
Plataforma per la Llengua denuncia “catalanofobia institucional” tras la negativa administrativa a corregir el apellido “Garcia” sin tilde
📍 Barcelona — Una familia de Barcelona ha llevado a los tribunales la decisión del Registro Civil de España de inscribir a su hijo con el apellido “García” con tilde, a pesar de que el apellido del padre figura oficialmente como “Garcia” sin acento en todos sus documentos.
El caso, asesorado por Plataforma per la Llengua, se ha judicializado después de que el Ministerio de Justicia de España rechazara el recurso presentado por la familia. La entidad considera que la decisión refleja un caso de “catalanofobia institucional” y advierte de que no se trata de un hecho aislado.
Un apellido modificado por “normas de la RAE”
Según explica la organización en una nota informativa, los hechos se remontan a abril de 2025, cuando la familia inscribió a su hijo recién nacido en el registro civil de Barcelona con el apellido Garcia, tal como aparece en el DNI, pasaporte y certificados oficiales del progenitor.
La sorpresa llegó semanas después, cuando recibieron el certificado literal de nacimiento. En él, el primer apellido del menor aparecía como “García” con tilde, una grafía distinta de la que figura en los documentos del padre.
Tras detectar el error, los padres solicitaron la corrección al registro civil. Sin embargo, la administración rechazó la petición argumentando que el uso de la tilde respondía a las normas ortográficas de la Real Academia Española.
La resolución administrativa señalaba que debía aplicarse la acentuación según dichas normas, basándose supuestamente en una instrucción de la Dirección General de Seguridad Pública y Fe Pública Registral.
La filiación, no la ortografía, determina los apellidos
Desde Plataforma per la Llengua sostienen que ese argumento carece de base legal.
La entidad recuerda que el artículo 49 de la Ley del Registro Civil de España 20/2011 y el artículo 109 del Código Civil de España establecen que la filiación es el único criterio que determina los apellidos de una persona.
Esto implica que, si el apellido del progenitor está registrado oficialmente como Garcia sin tilde, el registro civil debería reflejar exactamente la misma forma en la inscripción del hijo.
La organización también denuncia que la resolución citaba una instrucción administrativa inexistente, lo que, según afirma, pone en duda la diligencia del órgano que tomó la decisión.
Recurso rechazado y vía judicial
Con el apoyo legal de la entidad, la familia presentó un recurso ante la Dirección General de Seguridad Pública y Fe Pública Registral del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, el recurso también fue rechazado, reiterando que no existía error registral y que los apellidos son menciones de identidad que no están cubiertas por la fe pública registral.
Tras agotarse la vía administrativa, la familia ha decidido recurrir a la vía judicial para conseguir la rectificación del registro.
Un problema que no es aislado
Plataforma per la Llengua afirma que en los últimos cinco años ha recibido alrededor de una veintena de denuncias similares relacionadas con la modificación de nombres o apellidos catalanes en registros civiles.
En total, la organización ha registrado 47 quejas en Cataluña, de las cuales 19 están relacionadas con vulneraciones de derechos lingüísticos en nombres y apellidos.
También se han reportado casos en otras comunidades:
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5 denuncias en la Comunidad Valenciana
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4 casos en las Islas Baleares
Denuncia de “catalanofobia institucional”
Para la entidad, el caso evidencia un problema estructural dentro de la administración pública.
“Negar una rectificación basada en la filiación utilizando normas ortográficas de otra lengua supone una presión indirecta para adaptar los apellidos a la normativa castellana”, señalan desde Plataforma per la Llengua.
La organización reclama a las administraciones competentes que actúen frente a decisiones arbitrarias de algunos funcionarios y anima a los ciudadanos que sufran situaciones similares a denunciarlo ante su servicio de defensa de derechos lingüísticos.
