Benidorm: el choque político por la sentencia de Serra Gelada enfrenta a PSOE y PP mientras el Ayuntamiento busca financiación
La oposición socialista exige al alcalde Toni Pérez que pida ayuda formal al Consell para afrontar la indemnización millonaria, mientras el gobierno local asegura que ya se trabaja con la Generalitat y defiende la solvencia económica municipal.
El debate político en Benidorm vuelve a centrarse en la millonaria sentencia urbanística vinculada al sector APR-7 de Parque Natural de Serra Gelada. El PSOE ha pedido al alcalde Toni Pérez que aclare si ha solicitado formalmente ayuda al Generalitat Valenciana para hacer frente a la indemnización derivada de la sentencia, mientras el gobierno municipal del Partido Popular asegura que ya está trabajando con la administración autonómica y defiende la estabilidad financiera del consistorio.
El PSOE pide al alcalde que reclame apoyo al Consell
La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Cristina Escoda, ha instado al alcalde a aprovechar la reciente visita institucional del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para solicitar colaboración autonómica ante la sentencia que podría suponer una indemnización de hasta 350 millones de euros.
Escoda ha señalado que la prioridad de la ciudad debería ser “buscar soluciones entre todas las administraciones” ante lo que calificó como un “negro horizonte económico” para el municipio. Según la portavoz socialista, el Gobierno central ya ha autorizado al Ayuntamiento a solicitar un préstamo de 55 millones de euros a través del Fondo de Impulso Económico, lo que considera un primer apoyo para afrontar el impacto financiero.
En este sentido, ha reclamado al alcalde que explique públicamente si durante la visita institucional planteó al Consell la posibilidad de colaborar económicamente o mediante cesión de terrenos para compensar a los propietarios afectados en Serra Gelada.
El PP niega que el Gobierno haya “rescatado” al Ayuntamiento
La respuesta del equipo de gobierno municipal llegó a través de la portavoz del ejecutivo local, Lourdes Caselles, quien rechazó las críticas socialistas y aseguró que la Generalitat está informada de todos los pasos que está dando el Ayuntamiento para afrontar el pago de la sentencia.
Caselles subrayó que el préstamo de 55 millones no supone un “balón de oxígeno” concedido por el Gobierno central, sino un mecanismo financiero previsto por ley dentro del Fondo de Financiación a Entidades Locales, que el Ayuntamiento deberá devolver íntegramente con intereses.
La portavoz del gobierno municipal defendió además que Benidorm puede acogerse a este mecanismo precisamente porque mantiene sus cuentas saneadas, y aseguró que el consistorio está trabajando “con seriedad y con el criterio de los técnicos” para afrontar la situación.
Cruce de acusaciones políticas
Desde el PSOE se insiste en que la magnitud de la indemnización puede condicionar el futuro económico del municipio durante décadas, mientras que el ejecutivo local acusa a la oposición de intentar “confundir a la ciudadanía” y de politizar un proceso que, según sostienen, está siendo gestionado con transparencia y coordinación institucional.
El conflicto político coincide con la reciente visita del presidente autonómico al nuevo centro de salud del barrio del Rincón de Loix, un acto que también generó críticas del PSOE por el formato de la visita institucional.
Un problema urbanístico con impacto millonario
La sentencia relacionada con el desarrollo urbanístico en el entorno de Serra Gelada se ha convertido en uno de los mayores desafíos financieros para el Ayuntamiento de Benidorm en los últimos años. El consistorio trabaja actualmente en distintas fórmulas para afrontar el pago sin comprometer la estabilidad presupuestaria municipal.
