La Generalitat se personará como acusación popular en el crimen machista de Benidorm
El Consell autoriza a la Abogacía General a ejercer la acción popular por el asesinato de Meriane F.D.O. ocurrido el pasado septiembre, en cumplimiento de la normativa autonómica contra la violencia sobre la mujer.
La Generalitat Valenciana ha dado un paso al frente en la respuesta institucional contra las agresiones machistas. El Consell ha aprobado la propuesta de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad para autorizar a la Abogacía General a ejercer la acción popular en el procedimiento judicial abierto por el asesinato de Meriane F.D.O., víctima de violencia sobre la mujer en Benidorm el pasado mes de septiembre.
Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico busca aunar esfuerzos, personarse de forma activa en la causa judicial y visibilizar el rechazo frontal de las instituciones valencianas ante cualquier crimen de esta naturaleza perpetrado en la Comunitat Valenciana.
Un mandato legal ante la alarma social
La actuación institucional se ampara directamente en el marco normativo autonómico en materia de igualdad y protección frente a la violencia machista. En concreto, el artículo 58 de la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana (7/2012) establece la obligatoriedad de que la Generalitat ejerza la acción popular en todos los procedimientos penales derivados de delitos de violencia sobre la mujer con resultado de muerte.
Asimismo, la medida encuentra su respaldo en el artículo 36 de la Ley 9/2003 de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que faculta a la conselleria competente para proponer al Consell la personación jurídica a través de los servicios de la Abogacía General o mediante letrados colegiados en supuestos de agresiones graves o mortales.
Desde el Consell se recuerda que la violencia sobre la mujer constituye un grave problema social de interés general que interpela directamente a los poderes públicos, obligándoles a una actuación firme, decidida y constante para lograr su plena erradicación y garantizar la defensa de los derechos de las víctimas y sus familias.
