Nuria Martínez y el CGPJ piden al Gobierno que reconsidere la supresión de refuerzos judiciales en la Comunitat Valenciana
La consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, ha respaldado el acuerdo adoptado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que reconsidere la denegación de la autorización económica necesaria para prorrogar diversas medidas de refuerzo en órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.
La responsable autonómica ha advertido de que la decisión del Gobierno central puede provocar un deterioro significativo en el funcionamiento de la Administración de Justicia, afectando tanto a los profesionales del sector como a los ciudadanos que esperan una respuesta judicial ágil y eficaz.
Riesgo de mayor congestión en los juzgados valencianos
Según ha señalado Martínez, el propio TSJCV ha alertado de las “negativas consecuencias” que tendrá la eliminación de estos refuerzos, especialmente en las plazas especializadas en condiciones generales de la contratación con garantías hipotecarias y en otros tribunales de instancia y audiencias provinciales de la Comunitat Valenciana.
“La Justicia necesita más medios, no recortes en cuestiones básicas. Compartimos plenamente la preocupación expresada por la Sala de Gobierno del TSJCV y consideramos imprescindible que el Ministerio reconsidere esta decisión para evitar un aumento de los tiempos de respuesta y un mayor colapso en órganos judiciales que ya trabajan con una elevada carga de asuntos”, ha afirmado la consellera.
La titular de Justicia ha recordado además que la mayoría de las medidas cuya prórroga ha sido rechazada contaban con informes favorables de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, lo que evidencia la necesidad de mantener estos apoyos para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos afectados.
Dieciocho medidas de refuerzo rechazadas
De acuerdo con la información trasladada por el TSJCV, el Ministerio ha denegado la autorización económica para 18 de las aproximadamente 30 medidas de refuerzo solicitadas para la Comunitat Valenciana, la mayoría de ellas correspondientes a prórrogas de servicios ya existentes.
Martínez ha insistido en que la continuidad de estos refuerzos no solo beneficia a jueces y funcionarios, sino que constituye una garantía para los ciudadanos, que tienen derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus procedimientos se resuelvan en plazos razonables.
Por ello, la Conselleria de Justicia se ha sumado a la petición formulada por el TSJCV para que el CGPJ inste al Ministerio a revisar su decisión y autorice la financiación necesaria para mantener unas medidas consideradas esenciales para preservar la calidad del servicio público de Justicia.
“La Generalitat trabaja cada día para garantizar la correcta prestación de la Administración de Justicia y para mejorarla pese a la situación de infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana. La ciudadanía debe contar con el mejor servicio público posible y en ese objetivo debemos colaborar todas las administraciones implicadas”, ha defendido la consellera.
El CGPJ muestra su preocupación y pide una rectificación
La posición de la Generalitat coincide con la expresada por la Comisión Permanente del CGPJ, que se reunió de forma extraordinaria el 1 de julio y acordó por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que reconsidere su decisión de denegar la financiación de medidas de refuerzo para 62 órganos judiciales de toda España.
En un comunicado oficial, la Comisión Permanente manifestó su preocupación por la resolución ministerial del 29 de junio de 2026, al considerar que la decisión se comunicó apenas un día antes de que las medidas debieran aprobarse o prorrogarse.
Según el órgano de gobierno de los jueces, esta circunstancia impidió estudiar alternativas que permitieran minimizar los efectos de la medida y evitar perjuicios en la actividad judicial.
Advertencia sobre posibles retrasos y suspensión de actuaciones
El CGPJ ha alertado de que la supresión de estos apoyos obligará a paralizar o suspender actuaciones jurisdiccionales consideradas necesarias para garantizar derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
La Comisión Permanente considera que la falta de financiación puede afectar directamente al funcionamiento de decenas de órganos judiciales en todo el país, incrementando la carga de trabajo y los tiempos de resolución de procedimientos.
Con esta petición conjunta del TSJCV, la Generalitat Valenciana y el CGPJ, aumenta la presión institucional para que el Ministerio de Justicia revise una decisión que, según los distintos organismos implicados, podría agravar la congestión judicial y repercutir negativamente en el servicio que reciben miles de ciudadanos.
