El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que el empleado localizaba cuentas de clientes de avanzada edad, en su mayoría fallecidos, para apropiarse de sus fondos, dando en su caso de baja a las personas autorizadas en esas cuentas.
A continuación, buscaba en la base de datos del banco a clientes con nombres similares, extraía sus DNI y los añadía a la información de las cuentas que pretendía saquear, modificando asimismo datos de contacto como el domicilio.
De este modo, siempre según la versión acusatoria, emitía libretas nuevas, las activaba, suplantaba las firmas de los clientes y realizaba reintegros en efectivo en su misma oficina.
La Fiscalía solicita para el acusado una pena de ocho años de cárcel y una multa por delito continuado de
falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa.
