Los investigadores han realizado más de 190 inspecciones y han localizado un total de 23 infractores
Las sanciones económicas del total de los infractores por el uso de gasóleo B puede alcanzar los 150.000 euros
La Guardia Civil ha realizado más de 190 inspecciones para detectar el uso de gasóleo del tipo B, descubriendo su uso por parte de 23 empresas que realizaban trabajos en la Marina Alta y la Marina Baixa.
Las muestras intervenidas junto con las actas administrativas han sido remitidas a la Oficina Gestora de Aduanas e Impuestos Especiales, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. La sanción total de los fraudes detectados podría alcanzar los 150.000 euros
La investigación comenzó a principios del mes de mayo de este año, cuando la Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Calpe inició una serie de dispositivos preventivos para el control y la detección del uso indebido de gasóleo de tipo B (gasóleo agrícola).
Las inspecciones se realizan mediante la extracción de gasóleo de los depósitos, donde en un primer momento se comprueba a simple vista la coloración del combustible. Una vez comprobada cualquier irregularidad, se extraen las muestras que serán analizadas, se depositan en envases
precintados y marcados, y se envían, junto con el acta de denuncia, a la Oficina Gestora de Aduanas e Impuestos Especiales, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Los investigadores realizaron la inspección de más de 190 vehículos en diferentes zonas de la Marina Alta y la Marina Baixa, de los que finalmente se identificaron un total de 23 personas jurídicas infractoras, correspondiente a diferentes empresas con sede en las provincias de Alicante, Albacete, Valencia y Murcia.
Las sanciones por el uso de este tipo de combustible, que no está sujeto al Impuesto Especial de Hidrocarburos, como autores de una infracción tributaria grave a la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, varían en función de las características técnicas del vehículo utilizado, pudiendo llegar a los 12.000 euros y alcanzándose en este caso, por el total de los infractores, los 150.000 euros.
