Compromís presenta alegaciones en 11 municipios alicantinos de costa contra el anteproyecto de ley “que entrega el litoral a los especuladores”

Paula Espinosa: “PP y Vox permitirán desarrollar usos hoteleros a 200 metros del mar, en espacios definidos como No Urbanizables de Protección Litoral en la normativa vigente”

Compromís ha registrado desde las comarcas alicantinas de costa 12 documentos de alegaciones a la mal llamada Ley de Protección y Ordenación del Litoral presentado por el Consell del PP y Vox, por ser una normativa arbitraria, que desprotege el litoral y abre la puerta a la especulación urbanística.

Junto al grupo de la Diputación de Alicante, los colectivos locales de Dénia, Teulada, Polop, La Vila, El Campello, Alacant, Elx, Santa Pola, Torrevieja y Xàbia han mostrado la profunda preocupación que despierta el documento elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio en sus municipios y así lo han remarcado usando el periodo de alegaciones.

Paula Espinosa, diputada de Compromís en las Corts, lamenta que este anteproyecto haya sido redactado obviando la normativa vigente que protege el litoral valenciano. Espinosa recuerda que “el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) ya protege 7.500 hectáreas de nuestro litoral y ha sido ampliamente avalado desde el punto de vista jurídico” -incluso por el Tribunal Supremo-, por lo tanto “no cuela que lo que busque el gobierno de Mazón sea, como dicen, la seguridad jurídica. Además, el PATIVEL ya establece un marco conciliador con la actividad económica más habitual en el litoral”.

La diputada ha alertado sobre una ley impulsada por PP y Vox que “permitirá desarrollar usos hoteleros a 200 metros del mar, en espacios definidos como No Urbanizables de Protección Litoral en la normativa vigente. Se abre la puerta para construir en espacios naturales hasta ahora impensables. La ley debe estar de acuerdo con las necesidades del momento. No estamos en contra del turismo, pero no puede situarse por encima de nuestro derecho a la vivienda y a un territorio medioambientalmente sostenible”.

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Ximo Perles, portavoz en la Diputació de Alacant y el Ayuntamiento de Calp, ha destacado la inseguridad que generará a los municipios una ley que nace con una marcada indefinición y que producirá arbitrariedad en las decisiones de las administraciones: “Oposición firme contra esta ley hecha por negacionistas del cambio climático. Es una ley escrita por nostálgicos de la burbuja Inmobiliaria, el anteproyecto es un modelo de explotacion del litoral que no arregla los problemes de vivienda que tenemos los municipios. Si no son capaces de mejorar la ley que ya había, que no hagan nada.

El diputado Gerard Fullana ha explicado las implicaciones que tiene volver a abrir la veda constructora en el litoral: “ Desde que gobierna el PP han acelerado proyectos de 10.000 viviendas en espacios naturales en la provincia de Alicante (La Nucia, Pego, Lliber, atc…). Son proyectos de segunda residencia, que carecen de permiso de la confederacion hidrografica. Esto es un riesgo para la agricultura de Alicante. El PP, a efectos reales, es un lobby constructor que va en contra de la Seguridad hídrica de nuestra tierra. Vamos a denunciar en Europa y tribunales todo atentado contra nuestra costa y montaña”.
Fullana ha apuntado a algunos de los parajes que quedarán desprotegidos de aprobarse el anteproyecto de PP y Vox: Barranc de l’Alberca (Dénia), Xàbia Sud Portitxol-Llobatera, Benitatxell-Teulada, Benissa-Cala Llobella, Calp Sud Terra de Toix, Riu Algar (Altea), Vila Joiosa Sud-Campello Nord, Llomes de Reixes (Campello), Riu Montnegre (Campello), Cap de L´Horta (Alacant), Elx-Altet, Cap de Santa Pola, Salines de Santa Pola, Elx Marina, Sierra del Moral (Guardamar), Guardamar del Segura-Torrevieja, Torrevieja-Sur, Cala Mosca y Río Seco (Orihuela).

FUNDAMENTOS DE LAS ALEGACIONES:

Falta de concreción y definición

Compromís, en sus alegaciones, considera que el texto está plegado de ambigüedades y ni siquiera dota de seguridad jurídica a los afectados por los deslindes que a priori era uno de los objetivos marcados por el Gobierno de Mazón.

La coalición asegura que la utilización del término “valor etnológico indubitado” en referencia a los núcleos costeros “tradicionales”, resulta “excesivamente difuso y provoca arbitrariedad” a la hora de determinar qué núcleos lo tienen y cuáles no. Según la parlamentaria, “se corre el riesgo más que obvio de profundizar en la inseguridad jurídica y en la incertidumbre que sufren las propiedades ubicadas en estos lugares, generando un perjuicio todavía mayor”.

De la ‘singularidad valenciana’ a la literalidad de la norma gallega

Compromís concluye que el Anteproyecto es una copia de la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Tanto es así que se traslada de manera literal parte del articulado a la norma valenciana. Espinosa explica cómo, “con una simple lectura comparativa aflora esa similitud, llegando a contradecir argumentos de la propia ley. Es significativo, por ejemplo, que la zonificación de suelo que se propone sea íntegramente coincidente con la normativa gallega, a pesar de haber remarcado que la costa valenciana y la Cantábrica o Atlántica no tienen nada a ver”.

Por el contrario, la normativa vigente que se pretende derogar con esta propuesta sí que parte, de manera argumentada técnicamente y científica, de esa singularidad en tanto en cuánto analiza el territorio de manera integrada y lo dota de una regulación de acuerdo con la realidad socioeconómica, territorial y medioambiental.

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Obvia la adaptación al cambio climático

Compromís denuncia también que con el texto presentado el gobierno de Mazón demuestra que vive de espaldas al problema real que representa el cambio climático, en un momento de emergencia climática, donde el litoral es uno de los primeros enclaves en sufrir sus consecuencias y es urgente acelerar las acciones climáticas. “En cambio, desde el Gobierno de Mazón se decide poner el freno y dar marcha atrás a las políticas de acción climática sobre el litoral. De hecho, esta norma parece únicamente y en exclusiva redactada para encontrar un encaje más laxo a la actividad económica y la propiedad privada que a proteger nuestro litoral”.

Vulnera el principio de no regresión ambiental

Uno de los puntos más controvertidos del anteproyecto es la modificación que plantea sobre los usos del suelo no urbanizable que ocupa la franja litoral y que vulneraría el principio de no regresión ambiental.

Las consecuencias concretas que se derivan de la aplicación directa y prevaleciendo de esta ley establecida tanto en la Disposición Transitoria 2.ª como en la Disposición Transitoria 3.ª implican “un claro retroceso respecto de los niveles de protección logrados con anterioridad y vigentes hoy en día”.

Con la nueva normativa presentada existe la posibilidad -ambigua e incluso contradictoria- de desarrollar usos residenciales a partir de 500 metros y hoteleros a partir de 200 en espacios donde actualmente no está permitido. Lo que supone ya per se una ampliación de los usos y la intensidad permitidos hasta ahora en ese espacio litoral sensible, llegando a incluir como suelos susceptibles de contemplar estos usos los que actualmente están definidos como No Urbanizables de Protección Litoral en la normativa vigente.

“Esta ley no se detiene un segundo en proteger nuestras costas, ni tampoco busca las herramientas para detener su degradación. Sino más bien, va en la línea opuesta al espíritu del PATIVEL. Más bien hace todo lo contrario, deshacer toda aquella normativa que impulsó el gobierno del Botánico en un esfuerzo para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático”, ha concluido Espinosa.