La Dirección General de la Policía ha archivado el expediente disciplinario abierto el 29 de marzo de 2021 a dos policías nacionales de la Comisaría de Benidorm que fueron grabados en vídeo mientras detenían, en plena calle, a una chica acusada de atentado a agente de la autoridad, al considerar que de la investigación practicada “no se observa ánimo alguno de contravenir el vigente ordenamiento jurídico”. La medida, adoptada en diciembre del año pasado y notificada a los agentes este año, respalda la tesis defendida por la Confederación Española de Policía -sindicato de ambos agentes, que les asistió en el ámbito disciplinario y puso a su disposición sus servicios jurídicos- sobre aquel incidente, que se hizo famoso al difundirse unas imágenes de esa intervención policial en redes sociales sin que en ellas se pudiera contemplar su integridad y, por tanto, al hecho que dio lugar a esa actuación.
Además, en la resolución de archivo del expediente se reconoce que lo que se difundió en redes sociales fue una “grabación parcial de los hechos”, escogida de tal forma que provocó un juicio público sesgado de la actuación policial.
El mismo día en que trascendió el vídeo, ambos policías fueron expedientados, se les notificó esa medida y, además, tuvieron que sufrir una suspensión provisional de funciones -“ante la gravedad de los hechos”, se decía en aquel expediente-, que se prolongó cuarenta y cuatro días, hasta el 12 de mayo de 2021. Más aún, en numerosas publicaciones en redes sociales y webs se calificó su intervención de “brutal paliza” o “violenta detención”. Interior se sumó a esa tesis sin ningún otro elemento y consideró, en el marco de esas actuaciones disciplinarias, que se pudo hacer “un uso desproporcionado de la fuerza para reducirla, teniendo esta una amplia difusión tanto en televisión como en las (…) redes sociales”.
Ajustada a Derecho
Sin embargo, y en línea con lo planteado por los servicios jurídicos de CEP, la actuación de los dos agentes no tuvo relevancia penal ni disciplinaria. En el primer caso, ni en fase de instrucción ni mediante sentencia posterior se cuestionó la forma en la que intervinieron los policías.
En este sentido, ni el Ministerio Fiscal ni la condenada o su abogado denunciaron hechos como los que se imputaban a los policías, relativos a una supuesta brutalidad policial. Tampoco se acreditó en ese procedimiento penal la existencia de lesiones que hubieran podido tener su origen en una praxis policial alejada de la proporcionalidad. En el ámbito disciplinario, las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de la Policía han constatado que los agentes “se limitaron a utilizar la fuerza física usando los elementos de dotación que portaban, tales como defensa reglamentaria, para proceder a reducir y engrilletar a una persona que había acometido contra los agentes, oponiéndose esta mujer a la detención de forma activa, intentando agredirles con patadas y manotazos, llegando a lanzarles escupitajos”. Además, en la resolución de archivo del expediente se reconoce que lo que se difundió en redes sociales fue una “grabación parcial de los hechos”, escogida de tal forma que provocó un juicio público sesgado de la actuación policial.
Desde CEP hemos defendido que la intervención de estos compañeros fue ajustada a Derecho y que su presunción de inocencia fue vulnerada con una campaña de linchamiento en redes sociales, pese a que ni en el plano penal ni en el disciplinario han sufrido reproche alguno.
Atentado contra agente de la autoridad
El delito de atentado contra agente de la autoridad, como viene alertando CEP desde hace tiempo, está experimentando un repunte al alza en toda España. Así, en los nueve primeros meses de 2021 esa infracción penal supuso la apertura de 6.604 diligencias policiales en el ámbito de Policía Nacional, representando esa cifra un 11,51% de incremento respecto a la del mismo periodo de 2020 y consolidando una tendencia preocupante en estos ataques a los policías en el ejercicio de sus funciones.
